El presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Alberto López Tom, lanzó este domingo una advertencia directa al sector público y privado: Panamá pierde terreno en la competencia global por inversión porque sus instituciones no generan la certeza que el capital exige.
«El capital busca oportunidades, pero, sobre todo, confianza», sostuvo López Tom en su pronunciamiento. Para el dirigente empresarial, los inversionistas no solo evalúan el crecimiento potencial del país; analizan si pueden planificar a cinco o diez años con un nivel razonable de certeza.
Los números ya votaron
Los índices internacionales respaldan la preocupación. En el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project, Panamá obtuvo 0.52 sobre 1, ubicándose en la posición 73 de 143 países. Las debilidades son más pronunciadas en justicia civil (puesto 87), ausencia de corrupción (93) y justicia penal (105).
En el Índice de Libertad Económica 2026, el país alcanzó 64.9 puntos y retrocedió al lugar 63 entre 184 economías, desde el puesto 56 del año anterior. El Índice de Calidad Institucional 2026 sitúa a las instituciones económicas panameñas en la posición 57 y a las políticas en el 75.
En materia de corrupción percibida, Panamá obtuvo 33 puntos sobre 100, por debajo del promedio de las Américas —fijado en 42— y lejos de Uruguay (73), Chile (63) y Costa Rica (56).
Señales mixtas en el clima empresarial
El escenario interno muestra confianza moderada. En julio de 2026, el Nivel de Confianza Económica medido por ELEMÉNTE se ubicó en 8.1 sobre 10, y el 22% de las empresas prevé aumentar su planilla en los próximos doce meses. Sin embargo, las empresas que esperan incrementar sus ingresos cayeron de 61% en junio a 52% en julio, señal de cautela que, según APEDE, puede frenar decisiones de inversión y expansión.
Casos concretos y agenda 2026-2027
López Tom citó la transición en el Ministerio de Educación y las irregularidades bajo investigación en la Dirección General de Ingresos (DGI) como ejemplos de la fragilidad institucional. «No se trata solamente de Meduca o de la DGI, se trata de cómo construimos instituciones capaces de trascender personas, gobiernos y coyunturas», planteó.
Como respuesta, APEDE anunció la creación del Observatorio APEDE de Transparencia Judicial para el período 2026-2027, una iniciativa técnica y permanente de seguimiento al desempeño del sistema de justicia.
El gremio también destacó fortalezas: en el Índice de Democracia 2025, Panamá alcanzó 7.04 sobre 10, posición 44 entre 167 países y quinto lugar en América Latina y el Caribe.
La lectura de Ágora Capital
La desconfianza institucional no es un problema abstracto: es un costo real que se traslada a tasas de retorno exigidas, plazos de decisión más largos y proyectos que migran a jurisdicciones con reglas más predecibles. Panamá tiene el Canal, la dolarización y una posición logística envidiable; desperdiciar esas ventajas por una burocracia opaca y una justicia lenta es, en términos estrictos de asignación de capital, un lujo que el país no puede permitirse.
El Observatorio Judicial que propone APEDE es un paso en la dirección correcta: la transparencia no es un valor decorativo, es el mecanismo que convierte el potencial en flujo de inversión concreto. Capital busca reglas claras, y hoy Panamá aún no termina de dárselas.
