El Estado colombiano registró en 2025 un total de 13.211 procesos desfavorables con sentencia ejecutoriada, la cifra más alta de la última década según el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado. Se trata de casos en los que la justicia falló en contra de la Nación y esa decisión ya quedó en firme.
Los números primero. En 2022 se registraron 7.042 procesos desfavorables; en 2023, 7.798; en 2024, 10.607; y en 2025, 13.211. Entre 2022 y 2025 la cifra aumentó 87%.
La senadora Claudia Margarita Zuleta (Centro Democrático), quien reveló el dato tras un derecho de petición ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), advirtió: «Estamos ante un problema de defensa jurídica, riesgo fiscal y capacidad de pago».
El deterioro no se limita al número de casos: también crece el costo. En 2025 las condenas judiciales en firme representaron obligaciones por $2,61 billones, monto comparable a lo invertido por la Gobernación de Antioquia en el Túnel del Toyo. En 2022 ese valor fue de $1,04 billones; en 2023, $1,12 billones; en 2024, $1,17 billones. Entre 2022 y 2025, el valor anual de las condenas aumentó 149,5%.
Parte del problema es la mora. Cuando el pago de una condena se retrasa, la obligación genera intereses, y mientras más tiempo tarde el Estado en pagar, mayor es el costo final. En 2019 la Nación tenía $10,33 billones en condenas pendientes de pago y ese año pagó $0,82 billones. Al cierre de 2025, la deuda judicial pendiente llegó a $19,89 billones. Entre 2022 y 2025 se pagaron alrededor de $6,9 billones por sentencias y conciliaciones, un volumen muy inferior al de las obligaciones acumuladas.
El riesgo hacia adelante tampoco es menor. Actualmente la Nación tiene 284.268 procesos judiciales activos, con pretensiones económicas por $736,69 billones. La fuente aclara que esas pretensiones no significan que el Estado vaya a perder todos esos recursos, pero sí dimensionan la exposición fiscal en curso.
Llama la atención que este deterioro ocurra pese a una tasa de éxito del 84% reportada por la ANDJE en 2025 para los procesos que el Estado sí ganó. El desafío queda ahora en manos de Germán Calderón España, nuevo director de la ANDJE, encargado de coordinar la estrategia de defensa jurídica de la Nación, con la doble tarea de mejorar la defensa de los procesos en curso y prevenir la llegada de nuevas demandas.
El mercado ya votó sobre lo que significa un Estado que pierde litigios de forma creciente mientras el Congreso debate un presupuesto nacional que sorprendió por su monto: cada condena en firme es dinero de los contribuyentes que sale del erario para cubrir obligaciones que, en muchos casos, pudieron evitarse con mejor defensa jurídica. El riesgo fiscal que describe la senadora Zuleta no es abstracto: es la diferencia entre gasto público destinado a inversión y gasto público destinado a pagar sentencias e intereses acumulados por la mora del propio Estado.
