Cinco hombres se declararon culpables ante un tribunal federal de conspiración para importar cocaína desde República Dominicana hasta el sur de Florida, según anunció la Fiscalía Federal. Las declaraciones de culpabilidad se registraron entre el 7 y el 10 de agosto; la sentencia está fijada para el 29 de octubre.
La Administración de Control de Drogas (DEA) documentó que el grupo introdujo al menos 7.700 libras —equivalentes a 3.500 kilogramos— de cocaína en el período comprendido entre 2023 y marzo de este año. Los fiscales calculan que el valor de la droga durante ese lapso ascendió a unos 31 millones de dólares.
Embarcaciones deportivas como fachada
La operación utilizó tres embarcaciones de pesca deportiva con compartimentos ocultos: la Maple Leaf, la Dabunaki y la Mysterry. Según documentos judiciales, Andy Gabriel Mercedes-Hernández, de 32 años, era el líder del grupo y propietario de las dos primeras. Los registros no identifican al propietario de la tercera.
Las embarcaciones descargaban en Rickenbacker Marina y Aventura Marina. Desde allí, camiones de U-Haul trasladaban los cargamentos hasta un apartamento en el barrio de Wynwood, utilizado como escondite.
El 13 de marzo, agentes arrestaron a un integrante del grupo —cuyo nombre no figura en los documentos judiciales— y hallaron cuatro kilogramos de cocaína y 30.000 dólares en efectivo en un compartimento secreto de su automóvil. Ese arresto marcó el inicio de la fase de detenciones.
Penas mínimas de diez años
Cada acusado se declaró culpable del cargo de conspiración para importar cinco o más kilogramos de cocaína, delito que contempla una pena mínima de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua bajo la ley federal estadounidense.
Lectura de Ágora Capital
El caso ilustra con precisión el costo que el crimen organizado transnacional impone sobre las sociedades que apuestan por el libre mercado y el estado de derecho. Florida no es solo un hub financiero y comercial: es también un blanco recurrente de redes que explotan infraestructura legítima —marinas, empresas de alquiler de vehículos, barrios en expansión— para mover capital ilícito.
La respuesta de la DEA y la Fiscalía Federal demuestra que la aplicación rigurosa de la ley sigue siendo el único disuasivo real. Cuando el aparato de seguridad funciona, el mercado de la droga paga su precio: 31 millones de dólares decomisados en valor y cinco operadores fuera de circulación. La pregunta que queda abierta es cuántos cargamentos similares cruzan sin que ningún agente esté mirando.
