El canciller panameño Martínez-Acha convocó a Mongolia a adherirse al Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá. La solicitud se realizó este martes en un encuentro virtual con Batmunkh, ministra de Asuntos Exteriores y Comercio de Mongolia.
El gobierno de Ulán Bator no rechazó la propuesta. Acordó iniciar una revisión técnica y jurídica del Tratado antes de emitir una respuesta oficial.
Martínez-Acha subrayó el respaldo reciente de naciones de Europa y América Latina al documento. El argumento central: la seguridad del paso global exige más firmantes, no menos.
La agenda bilateral no se limitó al Canal. Ambas delegaciones acordaron acelerar la firma de un acuerdo de exención de visado para titulares de pasaportes mongoles. Los ciudadanos de Mongolia ya ingresan a Panamá sin visa. El convenio formaliza ese estatus en términos legales.
El plazo es concreto: antes de la próxima Asamblea General de la ONU, programada para septiembre. Ambas cancillerías confirmaron una reunión presencial de seguimiento en Nueva York para consolidar las firmas.
Un tercer eje surgió en la conversación: infraestructura ferroviaria. Las autoridades panameñas evaluaron la experiencia mongola en ese sector. El objetivo es aplicar conocimientos técnicos a los proyectos de transporte masivo y conectividad logística que adelanta la administración de Mulino.
Martínez-Acha estuvo acompañado por Mendoza, director de Política Exterior, y Pino, directora de Organismos y Conferencias Internacionales.
Lectura editorial. La movida diplomática tiene una lógica clara: más adherentes al Tratado de Neutralidad equivalen a más respaldo internacional para la soberanía operativa del Canal. Capital busca reglas claras, y un canal con mayor cobertura jurídica multilateral reduce el riesgo país para los flujos de inversión logística que dependen del paso interoceánico. La apertura hacia Mongolia —economía con experiencia en infraestructura de tránsito continental— añade además un componente técnico que la administración Mulino puede capitalizar en sus proyectos de conectividad. El mercado ya votó: estabilidad jurídica y acuerdos concretos valen más que declaraciones.
