Los números primero. Un estudio presentado este 31 de agosto por el Comité Intergremial de Petróleo y Gas —integrado por ACGGP, ACIEM, ACIPET, ACP, Campetrol y Naturgas— fija el año 2035 como el límite de las reservas probadas actuales de Colombia, «en cualquiera de los escenarios» analizados.
Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, fue más precisa: el punto de quiebre real llegará entre 2029 y 2032, ventana en la que deberán tomarse las decisiones de exploración y producción que definan si el país conserva o pierde su autonomía energética. Murgas también citó un déficit fiscal cercano al 7 % del PIB como parte del contexto que enmarca la urgencia.
El riesgo más inmediato está en el gas. En el escenario denominado «Pérdida de autosuficiencia», las importaciones cubrirían cerca del 65 % de la demanda nacional en 2035 y hasta el 98 % en 2045, un salto que expone al país a precios y suministro decididos fuera de sus fronteras.
La cifra que debería concentrar la atención del inversionista es fiscal. Sumando regalías, impuesto de renta y dividendos de Ecopetrol, el aporte del sector entre 2025 y 2050 llegaría a 695 billones de pesos en el escenario de mayor oferta, frente a 276 billones en «coexistencia», 207 billones en «pérdida de autosuficiencia» y apenas 162 billones en «transición rápida». La diferencia entre los extremos —533 billones de pesos— es, en la práctica, el precio de la indecisión.
Para 2040, la brecha de producción entre escenarios podría llegar a 915.000 barriles diarios de petróleo y 2.834 millones de pies cúbicos diarios de gas, según el documento. Los gremios insisten en que convertir recursos contingentes y descubrimientos costa afuera en reservas comerciales exige inversión, infraestructura, licenciamiento ambiental y coordinación institucional, y sostienen que ese desarrollo puede avanzar en paralelo con la transición hacia energías renovables.
El mercado ya votó sobre lo que significa la incertidumbre regulatoria: capital que no encuentra reglas claras para exploración y contratación simplemente no llega, y el costo de esa ausencia no lo paga el operador sino el fisco, con menos regalías y menos margen de maniobra en un país que ya arrastra un déficit del 7 % del PIB. La seguridad energética, como advierte el propio estudio, no debería depender de ciclos políticos ni de debates ideológicos, sino de decisiones de inversión tomadas a tiempo.
La lección de fondo es de libro: cuando el Estado retrasa la conversión de recursos en reservas, no solo arriesga el suministro, también sacrifica ingresos fiscales que podrían aliviar las cuentas públicas. Colombia tiene una década, según los propios gremios, para decidir si financia su futuro energético con producción propia o con importaciones y menos caja para el Estado.
