Los números primero. Bogotá proyecta un ingreso tributario cercano a $319.000 millones por el impuesto al consumo de cigarrillo, tabaco y otros productos de nicotina. Bajo el esquema que se discutía en el Congreso —repartir el recaudo en partes iguales entre la capital y Cundinamarca— ese monto habría caído a unos $230.000 millones, según los cálculos citados por la representante Nelly Patricia Mosquera, del Centro Democrático.
La diferencia, cerca de $90.000 millones, es la que la congresista dice haber evitado que se pierda. El miércoles 2 de septiembre logró que se aprobara una proposición modificatoria al artículo 7 del proyecto de ley que actualiza el régimen de este impuesto, con lo cual se mantiene la distribución vigente: 70% para Bogotá y 30% para Cundinamarca.
Esos recursos, según explicó Mosquera, están destinados a inversiones en aseguramiento en salud. «Salvaguardamos los recursos de Bogotá. No podíamos permitir que la ciudad afronte un déficit en sus finanzas de tal magnitud, menos aún cuando cursa el estudio de una reforma tributaria que afecta a los bogotanos», dijo la representante.
El proyecto todavía debe surtir su trámite en el Senado antes de convertirse en ley. Mosquera aseguró que defenderá el presupuesto capitalino y espera que la cámara alta mantenga la medida hasta el final del proceso legislativo.
El episodio ilustra un mecanismo que rara vez llega a portada: un ajuste técnico en una fórmula de reparto tributario puede mover, en unos minutos de votación, cifras equivalentes a un presupuesto municipal completo. Cuando el criterio de distribución cambia de «lo que recauda cada territorio» a «partes iguales sin importar el origen del ingreso», el resultado neto es una transferencia de recursos desde donde se genera la actividad económica —y el consumo gravado— hacia otro lugar. Bogotá, con mayor población y mercado, recauda más; un reparto igualitario penaliza esa base tributaria.
El mercado ya votó, en este caso, a través del Congreso: mantener reglas de recaudo predecibles, ligadas al origen del ingreso, protege la planificación fiscal de la ciudad frente a decisiones legislativas que redistribuyen sin considerar de dónde sale el dinero. En un momento en que, según la propia congresista, se discute una reforma tributaria adicional que afectaría a los bogotanos, la defensa de este esquema apunta a un principio más amplio: quien genera el recaudo debería tener certeza sobre su destino, no verse expuesto a que cada proyecto de ley reabra la discusión sobre cómo se reparte lo que ya recauda.
