El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, expuso ante las Comisiones Económicas del Congreso el marco detrás del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 y describió un deterioro fiscal que calificó como «probablemente el momento más difícil que hemos tenido en nuestra historia reciente».
Los números primero. El ingreso mensual promedio del Estado colombiano es de $29 billones, mientras el gasto supera los $40 billones. La brecha, dijo Gómez, «solo se ha podido cubrir con deuda». Por eso el Ejecutivo propone un recorte de $21,9 billones, que el ministro defendió como «absolutamente indispensable».
Sin ese ajuste, el déficit primario habría llegado a 4,4% del PIB y el déficit total a 8,2%, un nivel que Gómez comparó con el peor momento de la pandemia. Con el recorte, la proyección baja a 3,3% de déficit primario y 7,2% total.
El ministro detalló el tamaño del desfinanciamiento que, según dijo, encontró el gobierno al llegar: $4,5 billones en gastos de personal, $6,5 billones en pensiones, $2 billones en salud, $700.000 millones en instituciones de educación superior y $9,6 billones faltantes para el Fepec. A eso se suma que el servicio de la deuda pasó de $118 billones a $155 billones, un incremento de $37 billones.
Gómez contrastó las cifras con la administración anterior, que había presentado un PGN de $575 billones. Al sumar el desfinanciamiento real, el monto efectivo ascendía a $634 billones. «Lo que estamos haciendo es simplemente poniendo sobre la mesa lo que otros metían debajo del colchón o debajo del tapete», afirmó.
El funcionario fue explícito al señalar responsabilidades: «Es lo que debió haber hecho el gobierno anterior, haber frenado el comportamiento del déficit fiscal mucho antes». Según su relato, salvo en el año posterior a la pandemia, el gasto se mantuvo muy por encima de la tendencia estructural del país, mientras los ingresos permanecieron estables, profundizando la brecha. El resultado, dijo, fue sacrificar la inversión pública —el rubro que más impulsa crecimiento, empleo y productividad— para sostener un gasto corriente que no dejó de subir.
Gómez advirtió que, de no obtener el respaldo del Congreso, el país podría enfrentar «una crisis económica de bastas proporciones» y, en el peor escenario, una crisis de pago con devaluación acelerada y recesión. Insistió en que el PGN 2027 es apenas «el primer paso» y que «no es la solución suficiente que necesita el país».
El mercado ya votó sobre lo que significa gastar más de lo que se recauda: deuda que se acumula, inversión que se estanca y una factura que termina pagando el contribuyente. La cifra de $634 billones como costo real del presupuesto heredado no es un detalle técnico; es la radiografía de años en que el gasto público creció sin freno mientras la productividad quedó relegada.
Que el propio Ejecutivo reconozca que «no estamos haciendo lo que queremos, sino lo que debemos» confirma lo que el sector privado viene advirtiendo: el ajuste no es una opción ideológica, sino la consecuencia inevitable de años de expansión estatal sin respaldo fiscal. Capital busca reglas claras, y esa claridad solo llega cuando el gasto deja de superar sistemáticamente al ingreso.
