Los números primero. La degradación de suelos y las sequías cuestan 878.000 millones de dólares al año, según cifras difundidas en torno a la COP17, la cumbre de la ONU sobre desertificación, degradación de tierras y sequía celebrada en Ulaanbaatar, Mongolia.
El resultado fue previsible para quien sigue estas negociaciones multilaterales: hubo avances técnicos, pero no el acuerdo global vinculante que varios países reclamaban. Los gobiernos aplazaron hasta la COP18 la decisión sobre gestión proactiva de sequías, divididos sobre cuánto debe exigir un instrumento internacional, quién debe pagarlo y cómo debe encajar con los convenios de clima y biodiversidad.
Entre lo aprobado figura un fondo de inversión de 400 millones de dólares para financiar resiliencia frente a la sequía, un nuevo índice global para medir preparación de los países, y mayor reconocimiento a los pastores como gestores de las tierras de pastoreo. Son piezas útiles, pero pequeñas frente al problema: la inversión actual en restauración de tierras y preparación para sequías asciende a 77.000 millones de dólares anuales, apenas una fracción de los 355.000 millones que la propia cumbre estima necesarios.
El mercado ya votó, aunque no en la mesa de negociación: en Europa, el calor y la escasez de agua dañaron cultivos de maíz, soja y girasol, con pronósticos de cosecha hasta 14% por debajo del promedio reciente; en Reino Unido, agricultores advirtieron que esta cosecha podría ser la peor registrada. En Estados Unidos, la sequía y los incendios redujeron el hato ganadero a su nivel más bajo en 75 años, empujando los precios de la carne a récords. En 2024, el 48% de la superficie terrestre sufrió al menos un mes de sequía, un salto del 300% respecto a la década de 1950.
Praveena Sridhar, directora científica de Save Soil, resumió la tensión de fondo: «La naturaleza no esperará estas negociaciones, y nosotros tampoco deberíamos». Según su organización, el 52% de la tierra agrícola ya está degradada. El profesor Mark Maslin, del University College London, fue más directo sobre el riesgo: «Los suelos son la base del sistema alimentario global. Si degradamos demasiados, enfrentamos una gran crisis alimentaria y muchas personas pasarán hambre».
Capital busca reglas claras, y ahí está el problema de fondo de este tipo de cumbres: producen comunicados, índices y fondos simbólicos, pero postergan indefinidamente las decisiones que exigirían compromisos financieros reales y verificables. Un fondo de 400 millones frente a una necesidad de 355.000 millones no es una solución, es un gesto.
La lectura para el lector de mercado es simple: los precios de los alimentos ya están reflejando el deterioro del suelo, con o sin acuerdo multilateral. La productividad agrícola perdida no se recupera con declaraciones diplomáticas, sino con inversión directa, derechos de propiedad claros sobre la tierra y financiamiento privado dispuesto a asumir riesgo país en proyectos de restauración. Mientras la burocracia internacional discute marcos para 2027, el costo de la inacción —878.000 millones anuales— ya lo están pagando los consumidores, cosecha tras cosecha.
