La banca colombiana, agrupada en Asobancaria, anunció que asumirá con recursos propios el costo de aliviar a los clientes afectados por el terremoto que golpeó al país. El anuncio se hizo en la 60.ª edición de la Convención Bancaria, a cargo de Jonathan Malagón, presidente del gremio.
El paquete incluye periodos de gracia de hasta un año, según el nivel de afectación de cada cliente, evaluados caso por caso y producto por producto: tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, leasing o crédito comercial.
El punto central del anuncio es que, durante ese año de gracia, los bancos no cobrarán después los intereses que dejaron de cobrar. «Durante los periodos de gracia vamos a condonar la tasa de interés», afirmó Malagón. Los recursos, aclaró, siguen pagándose con normalidad a los ahorradores; la diferencia la absorben las entidades financieras.
El esquema también protege el historial crediticio: nadie que entre al programa verá deteriorado su reporte en centrales de riesgo como Datacrédito o TransUnion, ni enfrentará cobros jurídicos o prejurídicos durante la emergencia. Según cifras previas divulgadas por la banca, el paquete de alivios asciende a $1,1 billones y alcanza a 2,8 millones de personas afectadas por el sismo. Malagón indicó además que el 75% de la infraestructura bancaria dañada —oficinas y cajeros— ya está restablecida.
Asobancaria anunció, además, un plan de vivienda con tasas reales de entre 1,5% y menos de 2%, cifras que Malagón calificó de inéditas en su experiencia en el sector y como ministro de Vivienda. Para dimensionarlo, comparó: la inflación está en 6,5%, los bancos captan en CDT al 14% y el Gobierno se endeuda entre 11,5% y 12%. «No es un programa de gobierno, tampoco se ve en condiciones de mercado. Es el banco transfiriéndole la diferencia a nuestros clientes», dijo, y remató: «No es una pérdida de pobrecito los bancos. Es una transferencia que de manera deliberada hace el sector financiero por los colombianos».
Malagón fue explícito en marcar el límite del esfuerzo privado: «Los bancos administran nada más y nada menos que el ahorro del público. Uno no puede pensar que el ahorro del público va a convertirse o puede sustituir los programas del gobierno». Por eso no existe un programa de alivios indefinido; la respuesta se define caso por caso, según la evolución de cada emergencia.
Sobre extender la tasa preferencial de vivienda más allá de los damnificados, Malagón separó la voluntad del gremio de las condiciones macroeconómicas: con la tasa del Banco de la República en 12,5% y el propio Gobierno endeudándose entre 11,5% y 12%, «es difícil pensar que se pueda hacer una baja muy rápida de las tasas de interés».
El episodio expone algo que suele perderse en el debate sobre desastres naturales: quien terminó absorbiendo el costo de la emergencia fue el capital privado, no el contribuyente. Los bancos condonaron intereses con sus propios márgenes, mientras el verdadero obstáculo para bajar tasas de forma generalizada sigue siendo el propio Estado, que compite por el ahorro nacional endeudándose casi al mismo nivel que la inflación. La distinción que hizo Malagón —esto no es un programa de gobierno— importa: es la diferencia entre solidaridad voluntaria del sector financiero y gasto público financiado con deuda o impuestos.
