Los números primero. Producir un barril de petróleo en Venezuela cuesta entre 15 y 30 dólares, según la columna de William Hernández publicada en Lapatilla, un rango que desmonta la idea del crudo venezolano como recurso barato e inagotable.
El marco legal es claro: el artículo 3 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos declara los yacimientos bienes del dominio público, imprescriptibles e inalienables, propiedad de la República. Pero la titularidad jurídica del Estado, señala el autor, contrasta con una realidad operativa deteriorada.
En los campos maduros de Occidente y Oriente, cuenta la columna, los costos en boca de pozo eran antes «envidia de la OPEP». Esa ventaja se erosionó por años de desinversión: el mantenimiento correctivo constante y las operaciones de workover y pull-in encarecen cada barril rescatado de pozos deteriorados.
El desafío mayor está en la Faja Petrolífera del Orinoco, la mayor reserva del país. Extraer crudos pesados y extrapesados exige pozos especializados, inyección continua de vapor y grandes volúmenes de diluyentes como la nafta para poder bombear el crudo hasta los mejoradores. Ese proceso empuja los costos hacia el extremo superior de la banda de 15 a 30 dólares por barril.
A esa ecuación técnica, según la columna, se suma «una cadena de suministro estrangulada por una corrupción sostenida en los últimos 27 años», descrita como un peaje invisible en cada eslabón de la industria petrolera venezolana. El autor atribuye a ineficiencias gerenciales y a ese entorno macroeconómico el deterioro de una industria que alguna vez fue motor fiscal del país.
La columna llega en momento de apertura: recientes entendimientos geopolíticos y reformas legales han abierto la puerta a esquemas de contratación e inversión privada en el sector. Sectores oficialistas, apunta el autor, presentan ese giro como un «renacimiento» y una vía pragmática de inserción en los mercados internacionales. Pero, según su lectura, el venezolano común percibe ese mismo entendimiento como «una capitulación administrada», no como una apertura genuina.
El reclamo de la columna es puntual: una reingeniería de la política energética debe pasar por un proceso democrático y legítimo, con marcos legales transparentes, contratos que beneficien al ciudadano y control soberano sujeto a reglas de derecho, no a la discrecionalidad de élites.
El mercado ya votó con los pies durante años de desinversión: sin capital fresco y reglas claras, la Faja seguirá siendo una promesa cara de cumplir. El dato central —25 años de dominio estatal absoluto sobre el subsuelo no bastaron para bajar el costo de producción— desnuda el límite de la propiedad pública cuando no va acompañada de gestión eficiente ni de reglas contractuales estables. Capital busca reglas claras, y la columna de Hernández plantea justamente eso: que la apertura a inversión privada, si llega, se haga con transparencia y no como negociación cerrada entre élites. La disyuntiva de fondo no es soberanía contra mercado, sino gobierno abierto contra gestión discrecional de un recurso que, sobre el papel, pertenece a todos los venezolanos.
