La presidenta Claudia Sheinbaum propuso al Senado una reforma a la Ley de Inversión Extranjera. El objetivo declarado es filtrar adquisiciones de capital extranjero por razones de seguridad nacional.
Los números primero. El registro de la Inversión Extranjera Directa fue 48% superior al del primer trimestre del año anterior. La reforma llega en pleno repunte de capital foráneo.
La iniciativa crea un nuevo Título Sexto Bis: «De la seguridad nacional en las inversiones extranjeras». Toda inversión que busque más de 49% del capital social de una empresa mexicana deberá pedir autorización a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), siempre que la empresa supere un valor de activos aún por definir y opere en sectores «estratégicos».
La lista de sectores es amplia. Incluye energía, transporte, sanidad, comunicaciones, minería, datos, sistemas digitales, actividades aeroespaciales y de defensa. También suma inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnología cuántica, nuclear, nanotecnología y biotecnología.
La CNIE deja de ser un órgano puramente económico. La reforma integra a Defensa, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana como miembros. La Fiscalía General, el Centro Nacional de Inteligencia, el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera participarán con voz, sin voto, en los casos sensibles.
El procedimiento cambia el reparto de riesgo. La solicitud deberá presentarla en conjunto la empresa mexicana y el inversionista extranjero. La Comisión tendrá 60 días hábiles para resolver, ampliables 30 días más si el caso es complejo.
Aquí está el punto que más pesa para el capital. A diferencia del régimen general, no operará la «afirmativa ficta». Si el plazo vence sin respuesta, la solicitud se considera negada. El silencio del Estado ya no favorece al inversionista.
La Comisión tendrá tres caminos: autorizar sin condiciones, autorizar con condiciones de mitigación y reporte periódico, o bloquear la operación por seguridad nacional. Las sanciones también suben. Ejecutar una adquisición sin autorización puede costar hasta cinco mil veces el valor diario de la UMA. Si una sociedad mexicana transfiere acciones a un inversionista sin el permiso requerido, la multa escala hasta 200 mil veces la UMA.
El mercado ya votó con los flujos de este año: la IED subió 48%. La pregunta que queda es si ese apetito sobrevive a un filtro con criterios de seguridad nacional todavía sin parámetros definidos y sin el resguardo del silencio administrativo a favor del capital.
Capital busca reglas claras, no discrecionalidad. La exposición de motivos admite que la ley actual ya permite bloquear operaciones por seguridad nacional, pero carece de parámetros específicos. La reforma no resuelve esa ambigüedad: la traslada a un comité más grande, con más agencias de inteligencia y procuración de justicia sentadas en la mesa, y con la carga de la prueba puesta sobre el inversionista.
Para la propiedad privada y la libre empresa, el riesgo no es el objetivo declarado —proteger infraestructura crítica— sino el mecanismo elegido: más agencias, más plazos y una negativa automática por default. Un país que compite por capital extranjero en un contexto de nearshoring necesita previsibilidad regulatoria, no un nuevo filtro cuyos umbrales de activos y sectores «similares» quedarán a discreción de resolución general posterior.
