Los números primero. Entre 2022 y 2026 se expidieron 333 normas dirigidas a restringir la actividad minera en Colombia, según «El libro de la verdad», el documento con el que el Gobierno de Abelardo De La Espriella hizo el corte de cuentas frente a la Administración Petro. El resultado, dice la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, es «una inestabilidad jurídica que ya se refleja en la caída de la inversión».
Sandra Manrique, socia de PPU, documenta una caída sostenida de la producción minera en los últimos años sin que se adoptaran medidas para revertirla. Según Manrique, pesaron los anuncios restrictivos sin reglas claras, la ampliación de zonas de exclusión sin coordinación ágil y la suspensión de nuevas asignaciones de áreas para exploración.
El mercado ya votó con los pies en al menos un frente. Uno de los primeros actos del nuevo Gobierno fue derogar el decreto que prohibía la exportación de carbón a Israel. Pero el daño ya estaba hecho: Milton Montoya, de Holland & Knight, advierte que otros productores, como Sudáfrica, ocuparon el espacio que antes tenían los exportadores colombianos. Montoya no descarta que las empresas afectadas evalúen reclamaciones arbitrales contra el Estado colombiano por una posible vulneración del Tratado de Libre Comercio con Israel.
Patricia Arrázola, de Pérez-Llorca, señala que reactivar esas exportaciones exige más que voluntad política: el Decreto 949 de 2025 cataloga el carbón como recurso estratégico vinculado a capacidad militar. Arrázola apunta además a dos cargas que golpean directamente el margen de las empresas: la sobretasa de renta de hasta el 10% adicional y la eliminación de la deducibilidad de las regalías.
El otro frente es la propiedad y el uso del territorio. El pasado 6 de agosto, mediante la Resolución 0992, el Gobierno saliente delimitó de forma progresiva 29.199 hectáreas del páramo de Santurbán, un proceso que la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional mantiene abierto a participación ciudadana y que aún no concluye. Ángela Salazar, de Lloreda Camacho, sostiene que la ausencia de delimitación no protege el ambiente, sino que abre la puerta a la extracción ilícita; una delimitación técnica, en cambio, da certeza a titulares mineros e inversionistas.
Camila Jiménez, de Baker McKenzie, advierte que el desafío del nuevo Gobierno no es la falta de herramientas legales para reactivar el sector, sino el costo jurídico e institucional de desmontar decisiones que, mientras no sean derogadas, siguen amparadas por la presunción de legalidad. Andrés Crump, de Garrigues, plantea tres ejes para recuperar terreno frente a Brasil, Chile y Perú: ventanilla única regulatoria, estandarización de la consulta previa y articulación institucional del territorio.
Capital busca reglas claras, y durante cuatro años Colombia ofreció lo contrario: 333 veces. El proyecto de Nueva Ley Minera radicado por la Administración Petro, presentado como modernización para la transición energética, coincide en el tiempo con la caída de producción que hoy el Gobierno de De La Espriella busca revertir. Desmontar ese andamiaje regulatorio, sin sacrificar los estándares ambientales que exige la Constitución, será la prueba de si Colombia vuelve a competir por inversión minera o sigue cediendo terreno frente a sus vecinos regionales.
