El concejal Julián Uscátegui presentó ante el Concejo de Bogotá un Proyecto de Acuerdo con dos beneficios tributarios concretos. Primero: exención del 100% del impuesto de delineación urbana para quienes soliciten licencia de reforzamiento estructural. Segundo: un descuento progresivo en el impuesto predial unificado durante diez años.
El esquema es escalonado. Según Uscátegui, el descuento opera así: 70% en los primeros cinco años, 50% en el año seis, 30% en el año siete, 20% en el año ocho, 10% en el año nueve y 5% en el año diez. El beneficio se activa cuando el propietario obtiene el certificado de finalización de obra.
La iniciativa llegó después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias ciudades del país. El sismo reabrió el debate sobre la vulnerabilidad del parque inmobiliario bogotano. Uscátegui señaló que «buena parte de las construcciones en Bogotá levantadas antes de 2010 no cuentan con los estándares actuales de sismorresistencia».
Para acceder al beneficio, el propietario debe cumplir tres requisitos. Demostrar que el inmueble fue construido antes de 2010. Presentar un concepto técnico de vulnerabilidad sísmica firmado por un ingeniero civil matriculado. Y aportar el certificado de finalización de obra expedido por el curador urbano.
El proyecto prioriza predios en zonas de alta amenaza sísmica y viviendas residenciales de estratos 1, 2 y 3. La Secretaría de Hacienda aplicará el descuento predial. El Instituto Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres (Idiger) certificará la vulnerabilidad sísmica y la culminación de las obras. El diseño busca que solo accedan quienes hayan invertido efectivamente en mejora estructural.
El proyecto pasa ahora a discusión en el Concejo, donde se analizarán alcances, criterios de priorización y mecanismos de control.
Desde la perspectiva de Ágora Capital, la lógica del proyecto es correcta: el Estado reduce carga tributaria a cambio de inversión privada en seguridad. No gasta; renuncia a recaudar sobre quien ya invirtió. Eso es incentivo de mercado, no subsidio. El riesgo está en la burocracia de certificación. Si el Idiger y los curadores urbanos convierten el trámite en un laberinto, el beneficio quedará en el papel. Capital busca reglas claras y procesos ágiles. Sin eso, el propietario de estrato 1 o 2 —el más expuesto sísmicamente— seguirá sin reforzar su vivienda, no por falta de incentivo, sino por exceso de aparato.
