El gobierno de Botsuana paga al régimen cubano 3.500 euros mensuales —equivalentes a 4.094,65 dólares— por cada especialista médico desplegado en su territorio. El profesional que realiza el trabajo recibe 1.000 dólares: el 24,42% de la tarifa contractual. El 75,58% restante fluye directamente a La Habana.
Así lo documenta un informe publicado este martes por la ONG Prisoners Defenders, que tuvo acceso al convenio bilateral entre ambos gobiernos, sometido a cláusulas de confidencialidad. Según el presidente de la organización, Javier Larrondo, el acuerdo obliga a que cada factura mensual separe de forma expresa el importe destinado al profesional del importe transferido a Cuba. «De cada cuatro dólares pagados por el trabajo del médico, tres van al régimen cubano, que además lo esclaviza», declaró Larrondo a Infobae.
El contingente activo asciende a 90 profesionales de la salud, cifra confirmada por el coordinador nacional de la brigada ante el Parlamento botsuanés en abril de 2025. Aplicando las tarifas del convenio, ese despliegue representa una facturación anual estimada de 4,21 millones de dólares para las arcas del régimen, 1,31 millones por encima del techo inicial previsto para 62 plazas. El gobierno del presidente Duma Boko no ha transparentado ante el Parlamento qué instrumento presupuestario ampara esa diferencia.
La brecha salarial se agudiza frente al mercado local: un especialista botsuanés de escala E2 percibe entre 4.439 y 4.917 dólares mensuales con complementos legales. El médico cubano cobra entre el 20% y el 23% de esa remuneración por el mismo trabajo.
El control sobre la vida cotidiana de los profesionales quedó expuesto por una resolución interna firmada el 3 de julio pasado por el jefe de la misión cubana en Botsuana, el Doctor Pablo Ricardo Betancourt Álvarez. El documento prohíbe salir del distrito asignado salvo por razones profesionales o de salud, recibir visitas en las viviendas, pernoctar fuera de la residencia, relacionarse con cubanos ajenos a la brigada, adquirir o conducir vehículos y realizar salidas nocturnas. También tipifica como infracción grave la «divulgación de información sensible» y prevé controles sorpresivos en los domicilios.
Los testimonios recopilados por Prisoners Defenders entre profesionales destinados en el país revelan que ninguno participó de forma voluntaria, ninguno recibió copia de su contrato —en el 60% de los casos existía un contrato que nunca se les entregó— y todos sufrieron la retirada del pasaporte. Las jornadas laborales oscilaron entre 56 y 64 horas semanales, con una media de 57,6 horas. El 80% describió restricciones de pernocta y la obligación de informar sobre posibles deserciones de compañeros.
Sobre cualquier médico que abandone la misión pesa el artículo 176 del Código Penal cubano, que establece penas de entre tres y ocho años de prisión, además de una prohibición de entrada al país de ocho años. El informe de trata de personas del Departamento de Estado de Estados Unidos de 2025 ya había advertido que el régimen cubano podía haber sometido a trabajo forzoso a aproximadamente 80 profesionales médicos en Botsuana.
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Lo que este caso expone no es una anomalía diplomática: es la arquitectura financiera del régimen cubano en acción. Un Estado extranjero cobra por fuerza de trabajo que no le pertenece, retiene tres cuartas partes del precio y entrega al trabajador apenas lo suficiente para subsistir bajo vigilancia. El gobierno de Botsuana no puede invocar ignorancia: sus propios registros del Princess Marina Hospital y su Ministerio de Finanzas documentan los estipendios desde al menos 2020.
Capital busca reglas claras, y el trabajo forzoso es la negación más brutal de ese principio. Cuando un Estado financia con dinero público un esquema que su propia Constitución —sección 6— y los convenios 29 y 105 de la OIT prohíben expresamente, la pregunta no es jurídica sino política: ¿a quién le conviene que el acuerdo siga siendo confidencial?
