Lo que ocurre con el T-MEC dejó de ser una revisión técnica. Estados Unidos decidió no extender el acuerdo por otros 16 años, lo que no implica su desaparición —sigue vigente y entra en revisiones anuales—, pero introduce un ingrediente que todo inversor conoce bien: incertidumbre. Y la incertidumbre, cuando se habla de plantas y cadenas de suministro valuadas en miles de millones de dólares, tiene precio.
La escalada entre Canadá y Washington ilustra hasta dónde puede llegar la tensión. Tras el fracaso de sus conversaciones con la administración Trump, Ottawa anunció represalias sobre alrededor de 20,000 millones de dólares de importaciones estadounidenses. La respuesta de Washington fue inmediata: Trump amenazó con elevar a 50% los aranceles sobre automóviles, camionetas y autopartes canadienses. Ya no es retórica; son decisiones con capacidad de modificar la arquitectura industrial del continente.
La señal más concreta llegó de Honda. La empresa advirtió que podría no construir una nueva planta en Norteamérica si no existe certeza sobre la continuidad del acuerdo. El mensaje es preciso: no hace falta destruir un tratado para dañarlo; basta con sembrar dudas suficientes para que el capital migre a otra región.
México observa este escenario desde una posición singular. Comparte más de tres mil kilómetros de frontera con la mayor economía del planeta, acumula décadas de experiencia manufacturera, proveedores integrados y una red productiva que sería, según el análisis, «extremadamente costosa de sustituir». Ningún arancel fabrica geografía.
Pero la ventaja geográfica no es suficiente por sí sola. Washington quiere más manufactura propia, menor dependencia de China y cadenas de suministro más seguras. Frente a eso, México no puede limitarse a defender lo que ya tiene: debe construir una oferta estratégica que demuestre que su capacidad industrial fortalece —no debilita— la seguridad económica estadounidense. Energía competitiva, aduanas modernas, infraestructura, seguridad, estado de derecho y certidumbre regulatoria son los factores que transformarían la presión sobre las cadenas asiáticas en una oportunidad industrial de primer orden.
También existe una tentación que conviene evitar: celebrar las dificultades de Canadá. Una Norteamérica fragmentada beneficia a los competidores externos, no a México. La lógica trilateral —producir juntos más de lo que se produciría por separado— sigue siendo válida, aunque la negociación bilateral sea necesaria en ciertos tramos.
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Desde la perspectiva de Ágora Capital, el episodio confirma una regla básica: el capital busca reglas claras. Cuando el marco jurídico se vuelve contingente —revisiones anuales en lugar de certeza de largo plazo—, las decisiones de inversión se posponen o se redirigen. Honda no es un caso aislado; es el termómetro de lo que ocurre en cada sala de directorio que evalúa una planta en la región.
México tiene los activos. Lo que ha faltado, bajo el actual gobierno, es precisamente el catálogo de condiciones que el libre mercado exige: estado de derecho, seguridad jurídica y protección real a la inversión privada. Si la presión del T-MEC obliga a corregir esas carencias, la negociación habrá producido más valor que cualquier cláusula arancelaria. Si no, la ventaja geográfica seguirá siendo potencial, no retorno.
