Los números primero. El gobierno de Abelardo de la Espriella anunció un subsidio de arrendamiento de 1.050.000 pesos —unos 327 dólares— durante tres meses, prorrogables por otros tres, para las familias de Cali que perdieron su vivienda en el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto. El beneficio llega a quienes estén inscritos en el Registro Único de Familias Emergentes (RUFE) y cumplan los criterios establecidos.
"El dinero llegará directamente a los afectados, aquí no hay intermediarios, ni escalas", afirmó el mandatario, quien remató con una advertencia poco habitual en la política regional: "Una tragedia de esta magnitud no puede convertirse en una oportunidad para hacer politiquería o para lograr beneficios".
El flujo de ayuda no se limita al efectivo. Las viviendas declaradas inhabitables tras la evaluación técnica recibirán el subsidio, mientras que los inmuebles con daños menores accederán a kits de materiales para reparaciones. El Valle del Cauca ya cuenta con un banco de materiales de construcción y equipos técnicos dedicados a inspeccionar edificaciones.
Aquí aparece el dato que interesa a la línea de esta casa: el sector privado se sumó sin esperar orden ejecutiva. La constructora Marval entregó cuatro apartamentos completamente amoblados a familias que perdieron su vivienda, y el gobierno anunció 20 bonos de construcción adicionales. Es capital privado capitalizando reconstrucción, no solo gasto público.
El saldo humano detrás de las cifras es duro. El sismo dejó 331 muertos y 4.449 heridos en todo el país, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres; en Cali, la ciudad más golpeada, la cifra de víctimas mortales asciende a 154. Entre los sobrevivientes está Diana Troncoso, quien pasó 29 horas atrapada bajo los escombros de las torres del barrio El Limonar.
El alcalde de Cali, Alejandro Éder, fue explícito sobre la escala del daño: 12.000 edificaciones reportadas con afectaciones, de las cuales solo 1.200 han sido revisadas y más de 600 evacuadas preventivamente. Calificó la recuperación como "una maratón que durará por lo menos tres años" y llamó a articular gobierno, sector financiero, aseguradoras y cooperación internacional.
El mercado ya votó, en cierto sentido: cuando el Estado define reglas claras y deja espacio a la iniciativa privada —constructoras que entregan llaves, bancos de materiales gestionados con criterio técnico—, la reconstrucción avanza en semanas, no en años de trámite. El subsidio directo sin intermediarios es, además, un mensaje político: la ayuda llega al bolsillo del damnificado, no se diluye en estructuras burocráticas que históricamente han retrasado la respuesta ante catástrofes en la región.
Queda por verse si el ritmo de entrega sostiene la promesa inicial cuando la atención mediática se desplace. Pero el diseño —efectivo directo, participación empresarial, bancos de materiales locales— apunta en la dirección correcta: menos intermediación estatal, más capital movilizado hacia quienes lo necesitan.
