Los números primero. El Gobierno de Ecuador declaró este sábado la alerta roja en todo el territorio nacional ante el fenómeno de El Niño, según informó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR). La medida eleva el nivel de respuesta que hasta ahora regía en 17 provincias bajo alerta naranja.
La resolución activa los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) provinciales y cantonales, encargados de coordinar evacuaciones preventivas, movilización de recursos y protocolos de protección en las zonas con mayor riesgo de afectación.
Carolina Lozano, titular de la SNGR, calcula que alrededor de 1.3 millones de personas podrían estar expuestas a los efectos del fenómeno. La funcionaria precisó que el Estado ha destinado 650 millones de dólares distribuidos entre distintas carteras: 70% para prevención y 30% para la línea de respuesta.
La SNGR informó esta semana que ya existen «los primeros impactos» en el sector de la pesca artesanal, una actividad económica que depende directamente de las condiciones marítimas y que suele ser de las primeras en sentir el golpe cuando el fenómeno altera la temperatura del océano. La entidad recordó que la coordinación entre instituciones del Estado viene articulándose desde febrero pasado para minimizar la afectación a la población.
«La preparación es una responsabilidad compartida y, por ello, se mantienen acciones permanentes de monitoreo, planificación y coordinación para responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad», indicó la SNGR en un comunicado.
El mercado ya votó, aunque en este caso el veredicto lo dicta el océano: la pesca artesanal, primer eslabón afectado, opera con márgenes estrechos y poca capacidad de absorber choques externos sin respaldo logístico ágil.
La cifra de 650 millones de dólares es el dato que merece seguimiento. Se trata de dinero de los contribuyentes canalizado a través de múltiples carteras de Estado, con una arquitectura de comités provinciales y cantonales que, si bien busca cercanía territorial, también multiplica capas de decisión en un escenario donde la velocidad de respuesta suele ser la variable que separa la prevención efectiva del gasto reactivo.
La proporción 70-30 entre prevención y respuesta sugiere una apuesta por anticiparse antes de que el fenómeno golpee con fuerza, algo coherente con la experiencia regional de eventos climáticos recurrentes. Pero la eficacia de ese gasto público dependerá de la ejecución en terreno, no del anuncio. Para los 1.3 millones de habitantes en las 17 provincias señaladas, y para sectores productivos como la pesca artesanal que ya reportan los primeros efectos, la prueba real llegará cuando el fenómeno se intensifique y el aparato estatal tenga que demostrar que la burocracia de comités puede traducirse en protección efectiva y no solo en resoluciones firmadas.
