Daniel Wiesenfeld, fiscal veterano de la Oficina de Protección al Inversor de la fiscalía general de Nueva York, denunció en un correo interno —enviado a unos 2.000 empleados y luego eliminado— que su jefa, Shamiso Maswoswe, le ordenó «encontrar y perseguir delitos» cometidos por aliados de Donald Trump, según reportó el Times-Union.
Según la denuncia de Wiesenfeld, Maswoswe le pidió apuntar específicamente contra «Trump mismo, Truth Social, Hewlett Packard (fusión aprobada por el Departamento de Justicia)... sin tener una razón creíble para señalar a esas organizaciones e individuos». El gobierno federal había aprobado recientemente una fusión de US$14.000 millones entre Hewlett Packard y Juniper Networks.
«Si usted cree que Trump está usando a los fiscales del Departamento de Justicia para perseguir a sus enemigos y avanzar sus intereses políticos, debería encontrar igualmente preocupante que Tish esté haciendo exactamente lo mismo», habría escrito Wiesenfeld, en referencia a Letitia James. Pidió a sus colegas concentrarse en «el fraude generalizado en refugios para personas sin hogar de organizaciones sin fines de lucro y en crímenes antisemitas en sinagogas», y acusó a James de gastar «importantes dólares de los contribuyentes para perseguir enemigos públicos convenientes».
James había prometido durante su campaña de 2018 «procesar al presidente por delitos cometidos en el estado de Nueva York» si resultaba electa, y cumplió esa promesa tras asumir el cargo. En 2024, su oficina ganó un caso civil de US$360 millones contra Trump, sus hijos y su antigua compañía por sobrevaluar propiedades en Nueva York y mentir sobre su patrimonio, fallo que un tribunal de apelaciones confirmó, aunque sin el pago millonario original.
Wiesenfeld quedó en licencia administrativa paga. Una vocera de James calificó la controversia como «un asunto de personal» y afirmó: «La oficina de la fiscal general está comprometida con hacer cumplir las leyes de Nueva York y proteger los derechos y libertades de todos los neoyorquinos, sin importar sus creencias políticas. Rechazamos firmemente cualquier afirmación en contrario».
El presidente del Partido Republicano estatal, Ed Cox, acusó a James de convertir la fiscalía en «un escuadrón político de choque» y de intentar «tapar sus huellas», calificándola de «totalmente incapaz de servir». Nicole Kiprilov, vocera de la candidata republicana a fiscal general Saritha Komatireddy, sostuvo que incluso empleados de base de la oficina de James coinciden en que ese no es el camino correcto.
El caso reabre una pregunta de fondo: cuando un fiscal decide primero a quién perseguir y después busca el delito, el Estado de derecho deja de proteger al ciudadano y se convierte en arma contra el disidente. La denuncia de un empleado propio, y no de un rival político, es lo que hace difícil de descartar el episodio.
Para los mercados y las empresas involucradas —incluida una fusión tecnológica ya aprobada por Washington— la señal es igualmente incómoda: la seguridad jurídica se erosiona cuando una operación legal puede volver a ser investigada por motivos ajenos a la ley. Ese riesgo, más que cualquier cifra puntual, es lo que un fiscal general debería evitar generar.
