El presidente de la Cámara de la Construcción en el estado Falcón, Orlando Dávila, reclamó públicamente la reestructuración del marco legal venezolano como condición indispensable para atraer capital privado a la industria petrolera.
Dávila fue explícito: «Vienen inversiones importantes, pero para eso hay que hacer regulaciones importantes también en el marco jurídico para que todos los inversionistas lleguen a la industria petrolera y ese recurso podamos utilizarlo para desarrollar otros sectores». El vocero empresarial agregó que espera que «en el transcurso de este año y el que viene se pueda definir el marco jurídico necesario para que los inversionistas vengan (…) y podamos tener un repunte económico».
El planteamiento del gremio no se limita a los hidrocarburos. Los constructores proponen orientar los ingresos derivados de la actividad petrolera hacia el fortalecimiento de la infraestructura turística y el estímulo de la oferta exportable en Falcón. La lógica es directa: liquidez petrolera como palanca para diversificar la economía regional.
La solicitud llega en un momento en que analistas como Alejandro Grisanti proyectan crecimiento económico de doble dígito para Venezuela en 2027, empujado precisamente por el petróleo, según reportes del mismo medio. El sector privado, sin embargo, advierte que ese potencial no se materializará sin certeza legal para el inversionista.
Venezuela acumula décadas de un modelo en el que el Estado monopolizó la renta petrolera con resultados conocidos: infraestructura deteriorada, producción colapsada y fuga de capitales. El reclamo de Dávila apunta al nudo central: sin reglas claras y estables, el capital privado no asume el riesgo.
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El mensaje del gremio falconiano es elemental en términos de economía de mercado: el capital busca reglas claras antes que recursos naturales. Venezuela tiene los segundos en abundancia; las primeras siguen siendo la variable crítica. Mientras el aparato estatal no ofrezca seguridad jurídica real —no declaraciones, sino legislación ejecutable y respetada—, los flujos de inversión seguirán mirando desde afuera.
El turismo y las exportaciones que Falcón espera financiar con renta petrolera solo serán sostenibles si la inversión privada llega con contratos que el Estado no pueda reescribir a conveniencia. Ese es el principio en juego: sin Estado de derecho, no hay retorno, y sin retorno, no hay capital.
