La licencia de conducción vence en Colombia según reglas fijadas por edad. Para vehículos particulares, la vigencia es de diez años si el conductor tiene menos de 60. Baja a cinco años entre los 60 y los 80. Y cae a un año después de los 80.
Para servicio público el margen es más estrecho. Los menores de 60 deben renovar cada tres años. Los mayores de esa edad, cada año.
El objetivo declarado del trámite es verificar que las capacidades físicas y mentales del conductor sigan intactas. Así lo exige la norma vigente.
Ahora el gremio de taxistas quiere cambiar esa lógica. El presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi en Colombia (ASOPROCTAX), Hugo Ospina, presentó en video una propuesta para llevar al Congreso.
La idea central es simple: la licencia de conducción debería ser vitalicia. Sin fecha de vencimiento. Sin necesidad de renovación periódica.
«Nuestra propuesta, para todos los conductores del país, no solamente para los compañeros taxistas, sino para usted y todos los conductores, es que la licencia de conducción debe ser vitalicia», afirmó Ospina.
Eso no significa eliminar el control médico. La propuesta mantiene un examen de aptitud física y mental. Pero cambia la frecuencia y el lugar donde se realiza.
El chequeo se haría cada tres años. Y no en los centros de reconocimiento de conductores actuales. Ospina propone que se realice directamente en la EPS de cada ciudadano.
La entidad de salud sería la encargada de subir el resultado al RUNT, el sistema que centraliza la información de tránsito en el país.
«Cada tres años vamos a ir a hacer los exámenes de aptitud física y mental y no vamos a ir a esos centros de reconocimiento de conductores, vamos a ir a nuestra EPS, porque para eso yo pago la EPS y la EPS se encargará de subir al RUNT la información de su examen», concluyó el líder gremial.
Los números primero: hoy el conductor colombiano paga y repite un trámite cada tres, cinco o diez años, según su edad. Cada renovación implica tiempo, costo y una visita a un centro autorizado. La propuesta de ASOPROCTAX apunta directamente a ese costo recurrente.
El mercado ya conoce la fórmula: menos pasos administrativos, menos intermediarios entre el ciudadano y el Estado. Trasladar el examen médico a la EPS —una entidad que el ciudadano ya financia con su aporte— elimina una capa de burocracia sin renunciar al control de seguridad vial.
Si el Congreso recoge la iniciativa, el debate de fondo será si el aparato estatal necesita repetir un trámite cada pocos años para cumplir su función, o si puede lograr el mismo objetivo con menos fricción para quien paga la cuenta.
