El sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia dejará una huella medible en las cuentas nacionales. Según cálculos de Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, el terremoto restaría 0,27 puntos porcentuales al crecimiento del PIB de Colombia en 2026.
El impacto, sin embargo, no se distribuye de forma homogénea. Los cinco departamentos más afectados absorberían el grueso del golpe: Risaralda perdería 2,50 puntos porcentuales de crecimiento; Chocó, 2,34 puntos; Quindío, 2,11 puntos; Valle del Cauca, 1,75 puntos; y Caldas, 1,48 puntos. En conjunto, esos cinco departamentos representan el 14,5% del PIB nacional.
Desde el gobierno, las primeras estimaciones del costo de los daños materiales apuntan a $30 billones, cifra que no incluye el impacto de la pérdida de vidas humanas en términos de producción.
El modelo de Lumen identifica tres canales de transmisión. El primero es la destrucción de capital —vivienda, capital productivo, infraestructura y edificios públicos—, que reduce directamente la capacidad de generar valor. El segundo es la interrupción temporal de la actividad por daños en infraestructura, restricciones de movilidad y desplazamientos. El tercero es el gasto de reconstrucción, que actúa como impulso a medida que se ejecutan las obras.
En 2026, según Lumen, el canal dominante será la interrupción temporal de la actividad. En 2027 llegaría la normalización, aunque la producción seguiría afectada por el capital aún no repuesto. La recuperación aportaría 0,20 puntos al PIB en 2027 y 0,08 puntos en 2028. El balance es negativo: el terremoto resta más de lo que la reconstrucción suma.
La gran conclusión del análisis es que «el impacto macroeconómico agregado es relativamente acotado a nivel nacional, pero significativamente mayor en las economías de los departamentos más afectados», y que «buena parte del choque es transitorio, bajo el supuesto de que el terremoto no genera una pérdida permanente de productividad en las zonas afectadas».
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Los números de Lumen ponen en perspectiva el verdadero desafío: no es el agregado nacional, sino la capacidad de los departamentos afectados —economías medianas y pequeñas— de absorber un choque de entre 1,5 y 2,5 puntos sin que la destrucción de capital se vuelva permanente. Eso exige reconstrucción rápida y bien ejecutada, no retórica de emergencia.
El riesgo real es que el aparato estatal, con un historial de subejecución presupuestal y trabas burocráticas, convierta un choque transitorio en una cicatriz estructural para el Eje Cafetero y el Pacífico. Capital privado, reglas claras y agilidad administrativa son los únicos antídotos probados. El gobierno de Petro tiene ahora una prueba concreta de gestión: los $30 billones en daños no se reconstruyen con decretos.
