La llamada apertura petrolera venezolana 2.0 prometía seguridad jurídica como su principal activo de venta. El caso de Pacific Coast Energy Company (PCEC) y los antiguos socios de Petrodelta pone esa promesa bajo presión antes de que el modelo cumpla un año.
Los hechos, en orden
Petrodelta era una empresa mixta: PDVSA controlaba el 60% y DP Delta Finance B.V. —vinculada a la familia del fallecido empresario venezolano Oswaldo Cisneros y a otros empresarios locales— el 40% restante. La empresa tenía derechos sobre seis campos en el oriente venezolano: Tucupita, Bombal, Uracoa, El Isleño, Temblador y El Salto. Según la familia Cisneros, esos derechos contractuales se extendían hasta 2042.
La cronología que documenta el análisis de David Morán Bohórquez, publicado en La Patilla, es la siguiente: ejecutivos de PCEC visitaron las instalaciones de Petrodelta en Maturín en abril, mientras avanzaban conversaciones con autoridades venezolanas. En mayo se inició el procedimiento administrativo contra DP Delta. En junio se produjo la revocación de sus derechos. En julio, PCEC anunció que estaba cerca de cerrar un acuerdo con PDVSA para operar los activos. Para agosto, la operación estaba prácticamente formalizada.
El gobierno interino venezolano justificó la revocación por supuestos incumplimientos de «obligaciones financieras, de inversión e infraestructura». Los representantes de DP Delta rechazan esa versión: sostienen que los incumplimientos fueron alegados sin que la empresa tuviera oportunidad adecuada de defenderse.
La escala del nuevo operador
PCEC es una productora independiente con experiencia en campos maduros y crudos pesados en California. Una estimación razonable de sus ingresos brutos en ese mercado se ubica entre USD 35 y 45 millones anuales, según la misma fuente. Sin embargo, la compañía afirma haber levantado USD 800 millones —en una combinación de capital, deuda y financiamiento comercial— para financiar sus operaciones iniciales en Venezuela. Eso equivale a aproximadamente 20 veces su facturación anual inferida en California.
Mientras tanto, ExxonMobil y ConocoPhillips mantienen una actitud mucho más cautelosa frente a Venezuela, dado su historial con expropiaciones y cambios contractuales.
Lo que Washington dijo y lo que no dijo
The Wall Street Journal reportó que un funcionario de la Casa Blanca señaló que la administración Trump respalda la inversión estadounidense en Venezuela, pero que no intervino para promover específicamente esta operación. Morán Bohórquez advierte que no existe evidencia pública suficiente para afirmar que Washington haya ordenado o negociado directamente la salida de los Cisneros y la entrada de PCEC.
La pregunta que sí formula es más acotada y más incómoda: ¿cuándo comenzó realmente a negociarse la transferencia de esos activos y quién conocía el proceso?
La lectura de Ágora Capital
Capital busca reglas claras, y las reglas claras exigen procedimientos transparentes. Que una empresa evaluara activos antes de que el titular vigente supiera que sus derechos estaban en riesgo no es, por sí solo, prueba de irregularidad. Pero sí es una señal de alerta que cualquier inversor serio debería registrar: si el Estado puede revocar contratos con esa velocidad y esa opacidad, el próximo afectado podría ser el nuevo entrante.
La apertura petrolera venezolana necesita capital extranjero. Pero el capital extranjero necesita algo más que acceso a los campos: necesita saber que las reglas del juego no cambian según quién esté sentado al otro lado de la mesa. Sin esa garantía, la «seguridad jurídica» es solo un argumento de venta.
